14:26h. Viernes, 16 de Noviembre de 2018

El presupuesto de la Conselleria de Justicia para 2019 crece un 15% respecto al de 2018 y alcanza los 364,6 millones de euro

La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presentado en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en Les Corts el proyecto de Presupuestos de su departamento para el año que viene. Las cuentas de la Conselleria de Justicia se incrementan en un 15% hasta alcanzar los 364,6 millones de euros, es decir, 52 millones de euros más que el año anterior.

Este presupuesto mantiene la tendencia al alza para dedicar más recursos a la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana y a la Función Pública de la Generalitat. Por ello, el presupuesto de la Conselleria ha crecido en 105,5 millones de euros en esta legislatura, o sea, un 40%.

La consellera ha defendido que los presupuestos de la Generalitat son unas cuentas "exigentes" que emplean "los recursos disponibles para conseguir tres objetivos esenciales" que son "la creación de empleo desde la inversión productiva y social, la sostenibilidad y un entorno estabilidad, seguridad jurídica y desburocratización; profundizar en la consolidación de los derechos y la igualdad de oportunidades" y "alcanzar la convergencia en el gasto medio de las comunidades autónomas en los servicios públicos fundamentales".

El monto más importante del presupuesto corresponde a las direcciones generales de Justicia y Reformas Democráticas y que asciende a 338 millones de euros. Son 40 millones más que en el presente ejercicio (un 13,4%). En este sentido, Bravo ha explicado que estas cifras demuestran que, "para el Consell del Botànic la Justicia es una prioridad en su agenda política y demuestra con hechos y con dinero que apuesta por una Justicia a la que hay que atender y no a la que hay que temer".

La consellera también ha explicado el notable aumento que experimenta la partida destinada a la Justicia gratuita, tanto a través del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados como del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y que asciende a 45 millones de euros, un 16,85% más. "Si lo comparamos con el inicio de la legislatura -ha dicho Gabriela Bravo - "hemos duplicado la cuantía dedicada a este servicio público".

Respecto a las inversiones en el parque judicial, Bravo ha recordado que el Plan Integral de Infaestructuras contempla no solo la restauración y ampliación de numerosas sedes judiciales, sino también la construcción de nuevos edificios allí donde se requieran y las partidas previstas para este fin alcanzan los 30 millones de euros que suponen un aumento del 36 por ciento.

Además, "en innovación tecnológica dedicaremos 20 millones de euros en los próximos tres años tanto para implantar el programa Avantius de gestión procesal como para renovar todo el sistema de grabación de vistas en los juzgados valencianos" ha asegurado la consellera.

Gabriela Bravo ha anunciado que el presupuesto contempla para el año que viene una inversión de 21 millones de euros para construir, ampliar, reformar o mejorar las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.

También ha destacado que, antes de que acabe este 2018, se iniciarán las obras de adecuación del edificio de la calle Historiador Chabás de València, donde se ubicará, provisionalmente, la sede del Tribunal Superior de Justicia, y en 2019 "pondremos en marcha la licitación y adjudicación de los proyectos y dirección de obra de las sedes judiciales de Torrent, Gandia, Xàtiva y Ontinyent".

Al respecto, la consellera ha destacado que "el presupuesto de inversiones de la Conselleria de Justicia es tan ambicioso como realista. Jamás se ha planificado una inversión de esta envergadura. Los tiempos de los anuncios triunfalistas de inversiones faraónicas que iban a ser las mayores de Europa ya han pasado. Felizmente".

Respecto al apartado de Memoria Democrática, la consellera ha contado que, en el presupuesto de 2019, habrá una inversión de 2,5 millones de euros, un 48% más. Destaca en este apartado la puesta en marcha del Instituto Valenciano de Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas cuyos estatutos están en la última fase de tramitación y que será una realidad en 2019 con un presupuesto de 1.130.000 euros. También se creará el banco de ADN para la identificación de las víctimas y al que se dotará con 350.000 euros.

Asimismo se prevén 450.000 euros para la realización de estudios y trabajos técnicos en relación con las víctimas desaparecidas, así como para la localización, verificación y delimitación de las fosas en colaboración con distintas entidades.

Además, está prevista la subvención a universidades, entidades locales, entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro en esta materia por un importe de 540.000 euros.

Por otra parte, la dirección general de Función Pública dispondrá de un total de 11,8 millones de euros. De ellos, 5,5 millones se destinarán al programa Función Pública que debe hacer frente a los a los costes derivados de la ejecución de las convocatorias de los más de 1.800 puestos de trabajo incluidos en las Ofertas de Empleo Público (OPE) aprobadas.

Cabe recordar que se van a convocar más de un centenar de oposiciones de modo que, a finales del año 2020, la tasa de temporalidad de las plantillas de la Generalitat esté por debajo del 8%.

Los otros 6,3 millones de euros (un 132% más que en 2018) se dedicarán a mejorar la formación de los trabajadores de la Administración valenciana. Este incremento se reparte entre los 3,8 millones de euros que se destinarán a la reforma del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) y al Programa Talento Joven que incluye el Programa 500 (con 2,5 millones de euros) destinado a becar a estudiantes con un buen expediente académico para que se puedan preparar las oposiciones para acceder a la Función Pública Valenciana.

También se destinan otros 500.000 euros para subvencionar trabajos de investigación universitarios en materia de Administración Pública. Con ambas medidas se evitará el colapso que puede producirse en los próximos diez años con la jubilación de 5.000 empleados públicos.

Según Gabriela Bravo, "la Justicia es más que la Administración de Justicia. La Justicia es un valor indisociable de la democracia". Por ese motivo, "aunque no se puede calcular el precio de un valor político, sí que debemos apreciarlo en lo que vale y, sobre todo, en lo que cuesta. Y eso se consigue con unos presupuestos para la Justicia que sean justos. Como los que hoy traemos a esta cámara", ha concluido.